La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es la que regula la polémica reforma del artículo 135 de la Constitución, que a Zapatero no le quedó más remedio que modificar junto al PP para evitar el rescate de nuestro país en plena crisis del 2008. La finalidad de esta reforma fue que España pague a sus acreedores por encima de todo, caiga quien caiga, y que no se endeude más de lo que le marque la Unión Europea para evitar que haya impagos.
Curiosamente este año 2020 finaliza el periodo transitorio de entrada en vigor de esta Ley de Estabilidad Presupuestaria. Menos mal que la reforma del 135 de la Constitución dejó una puertecita abierta para que en ‘situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado’ los acreedores y el déficit presupuestario se pongan en la fila de los problemas, porque con el panorama que tenemos en España cualquiera se pone a cumplir hoy la Ley 2/2012.
Cuando se hicieron esas reformas las cosas no iban bien, pero nadie se hubiese imaginado que en pocos años iban a ir mucho peor. Nos encontramos hoy con que de una población activa de 26 millones de personas tenemos 3,5 millones en el desempleo y 3,5 millones en ERTEs, es decir, más de un 25% de parados a los que hay que añadir más de 1 millón de autónomos cobrando ayudas del Estado.
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El gobierno, ante esta debacle que está dejando en la calle a mucha gente, ha decido acelerar la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital, una renta que calcula que cobrarán 2,3 millones de personas, que supondrá unos ingresos entre 460 y 1000 euros al mes, dependiendo de su situación familiar, y que el gobierno cifra en un gasto de unos 3.000 millones anuales.
La prensa de derechas, que es la mayoría, cuando habla de la situación que ha creado el parón de la economía por el coronavirus, incluye una muletilla en la que imputa al gobierno el crecimiento desmedido de la deuda en estos dos meses, algo así como ‘Sánchez dispara la deuda ..’ y lo suele redondear con una cifra espantosa, por ejemplo ‘en un millón cada minuto’. Pero la realidad es que ningún gobierno tendría otra alternativa que tirar de la deuda mientras haya quien la compre, porque no hay alternativa. Con Rajoy la deuda subió un 50%, 400.000 millones de euros, durante los siete años de su presidencia que se supone que fueron económicamente buenos. Si el ritmo al que crece ahora la deuda continuase durante unos meses más, estaríamos intervenidos (rescatados que se dice) por la UE de forma instantánea y los recortes llegarían a todas las partes, recordemos la crisis del 2008 y especialmente lo que ocurrió en Grecia.
Hay muchos políticos y empresarios apremiando al gobierno para que levante el estado de alarma pensando que las cosas van a cambiar de inmediato y con la ayuda de la UE todo va a volver poco a poco a la normalidad, la económica en este caso. Pero nadie puede asegurar que esto sea así, porque la economía solo es un reflejo de la actividad de los países, de la vida de la gente que trabaja, que consume, que viaja, que compra y vende, y esa normalidad vital da la impresión que tardará mucho en volver todavía, si es que vuelve. Aunque Ley 2/2012 fijase el año 2020 para cumplir el déficit presupuestario pensando que había tiempo suficiente, no solo no se ha cumplido, sino que todo se ha ido a hacer puñetas, incluso más que durante la crisis financiera del 2008 que dio origen a su aprobación. ¡Qué vueltas da la vida!.
NOTA: Da tantas vueltas que en febrero de este año sus señorías aprobaron la modificación de esa Ley Orgánica para cambiar el techo de gasto y poder disponer de unos eurillos más para sus cosas, algo que ahora casi da risa.
El Optimista Escéptico 