Sentencias a pares

Ya se esperaba que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Junqueras no iba a ser favorable a las tesis del Supremo, que por otra parte es el que se dirigió al TJUE a raíz del recurso del mismo Junqueras para que le aclarase si era o no eurodiputado a pesar de no haber cumplido los trámites que marca la legislación española. Esto corrobora lo que yo he dicho siempre, que esta cadena de tribunales y recursos interminables es una pérdida de tiempo, de medios y crea, además, una inseguridad que raya lo kafkiano. Directamente se llevan las causas a la última instancia, el TJUE en este caso, y en un par de meses solucionado, al final, antes o después (más bien después) van a ir a parar al mismo sitio, pero tras haber dado mil vueltas por juzgados diversos y haberse creado situaciones irreversibles.

El caso de Junqueras es curioso, porque una vez que el TJUE ha decidido que es eurodiputado desde que salió elegido y no podía ser jugado sin el consentimiento del Parlamento Europeo, resulta que ya ha sido condenado y nada menos que a un montón de años y cárcel y, aquí está lo retorcido del asunto, inhabilitado para ejercer cargo público, lo que quiere decir que siendo o no eurodiputado ya habría dejado de serlo desde que fue condenado. En la sentencia de TJUE hay algo que no acaba de encajar y es que si para obtener la condición de eurodiputado solo es necesario haber sido elegido, sobrarían todos los demás trámites que las leyes de cada país exigen para ser considerado eurodiputado y a los que cada candidato podría someterse o no según su criterio. Sin dejar a un lado que esto podría hacerse extensible a la condición de cualquier cargo electo, que lo sería sin necesidad de firmar actas, jurar, prometer por cualquier cosa y todas esas historias que estamos habituados a ver en Congreso.

Habemus fallo

De nuevo el Supremo nos ha conseguido sorprender con su decisión sobre quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que grava las escrituras de las hipotecas. Con un resultado en la votación de 15 a 13, sus señorías han acordado que siga todo como hasta ahora y sean los clientes que piden el crédito hipotecario los que paguen a Hacienda, lo cual ha provocado la indignación de todo el mundo. Bueno, de la banca no, porque a ellos no les va mal esto, aunque lo que les acojonaba de verdad era la posible retroactividad si eran ellos los perdedores y eran designados como pagadores del impuesto. A las Haciendas autonómicas tampoco les ha caído mal este fallo porque también hubiesen salido trasquiladas si hubiesen tenido que devolver lo cobrado en los últimos cuatro años con intereses aunque después le pasesasen la minuta, esta sin intereses, a los bancos. Ambos habrán dormido mejor esta noche.

Con esta sentencia el Supremo ha puesto en evidencia que de una ley o un reglamento se puede entender cualquier cosa, porque sin que nada haya cambiado en el texto del Boletín Oficial un tribunal dice que sí y otro que no, uno que banco y otro que cliente, uno quiere hacer justicia social y el otro justicia financiera, vaya usted a saber. Pero esto pasa todos los días con decenas de sentencias que se ganan o se pierden inexplicablemente, que se lo digan si no a los señores letrados. Quizá, bien es cierto, de una forma menos llamativa que lo ocurrido ahora con el Supremo, corrigiéndose a si mismo tan solo en un par de semanas.

Quemar o no quemar

Esa es la cuestión. Inevitablemente llegan de vez en cuando algunas sentencias de tribunales internacionales que dejan con el culo al aire a la justicia española. Ayer llegó la del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que ha fallado a favor de los recurrentes que fueron condenados por quemar una foto de los reyes en Girona. De esto hace diez años, que no ha llovido ni nada, y las cosas han cambiado mucho desde entonces. Han cambiado a peor en lo que hace referencia al asunto catalán, que es por el que se quemaron las fotos contra el Borbón invasor, y han cambiado mucho, también a peor, en cuanto a la libertad de expresión, la censura y la judicialización de todo lo que sea políticamente incorrecto.

España no es el único país de la Unión Europea, ni mucho menos, que penaliza las injurias a los símbolos del Estado, pero desde hace ya tiempo el Gobierno del PP ha emprendido una cruzada contra cualquier manifestación que pueda molestar a los poderes públicos, mezclando los delitos de odio, el terrorismo y las amenazas, y llevando a los tribunales a cualquiera que se pasa un pelo con su crítica e incluso con su humor.

Predicar y dar trigo

son dos cosas distintas, lo dice el refranero que tiene recetas para todo y refleja la sabiduría popular, que es la más sabia de las sabidurías.  Nos la cogemos con papel de fumar cuando el asunto de cumplir las leyes y las sentencias judiciales no va con nosotros, pero cuando nos toca agachar la cabeza y acatar una decisión de los jueces que no encaja con nuestros deseos, amigo, la cosa ya es bien distinta.

El PSOE se ha paseado desde hace meses apoyando el 155, porque no se puede hacer lo que ha hecho el Govern catalán saltándose al Constitucional como si sus sentencias reiteradas sobre las cuestiones de la independencia no fuesen con ellos. Cumplir la ley es básico en una democracia, especialmente desde los gobiernos. Dicho por activa y por pasiva por Pedro Sánchez y toda la plana mayor socialista, con la mente puesta en los indepes.

La cosa cambia cuando a Susana Diaz, andaluza y nada indepe, el Constitucional le tuerce la oreja y le dice que el Gobierno de Andalucía no tiene competencias para regular la jornada de los funcionarios y reducirla de 37,5 horas a 35, que es lo que habían hecho. Acatar la sentencia es lo que toca, pero en este caso, como si fuese el PDCat o ERC, incluso la CUP, el PSOE andaluz acata de boquilla pero hace una trampa permitiendo que los funcionarios hagan en su casa las dos horas y media que se habían suprimido de la jornada laboral.

Los andaluces llevan fama de trabajadores y no tendrán problemas en teletrabajar desde sus domicilios en cualquier faena que sus funciones requieran, pero cumplir una sentencia no es buscar la vuelta para hacer trampa, porque si haces eso luego queda feo criticar a los catalanes cuando se quieren independizar, por ejemplo, utilizando triquiñuelas legales que, a veces, rayan lo infantil. Lo mismo que hace en este caso la Presidenta de Andalucía para asegurarse unos miles de votos.

Que viene el lobo

A los bancos les está tocando devolver parte de los beneficios que obtuvieron con las famosas cláusulas suelo que habían introducido en la letra pequeña de las hipotecas. Por el horizonte de los sufridos consumidores se están viendo algunos rayos de sol, brotes verdes que dirían algunos, en cuanto a que la justicia parece dar la razón a los más débiles.

Todos sabemos que los impuestos no tienen que ser justos, solo tienen que recaudar lo que se espera de ellos, pero, al menos, tienen que estar bien hechos, porque si no llegará algún contribuyente cabreado y algo más listo que la media, y lo recurrirá, no porque se pague mucho o sea injusto, sino porque le falta una coma o incumple alguna norma perdida en los códigos legales.

Está ocurriendo ahora con el impuesto que grava las plusvalías en la venta de los pisos. Un impuesto que se pensó cuando el precio de los inmuebles subía y subía sin límite y, para más inri, se hizo con valores ficticios para que nadie engañase al fisco ocultando con dinero negro el precio real de las compra-ventas. Pero la burbuja inmobiliaria explotó y se llevó por delante el mercado inmobiliario, cuyos precios bajaron hasta un 50% en unos pocos años. Y ahí siguen, poco más o menos, sin que las administraciones hayan hecho nada para adaptar a la realidad el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, que así se llama el susodicho.

Hablar catalán

El TSJC acaba de sentenciar a favor de un pediatra de Tarragona que recurrió que las conversaciones entre el paciente y el médico deban de comenzar siempre en catalán, según el Protocolo Lingüístico de la Generalitat.

La Directora General de Política Lingüística de la Generalitat ha declarado que no van a cambiar nada porque esta sentencia, al igual que otras que se están dictando últimamente, es política. Hasta aquí todo parece normal, es lo que se va viendo cada cierto tiempo en ese tira y afloja entre el estado y el gobierno catalán.

El vértigo

El colegio Ánfora, situado en Cuarte de Huerva, se ha visto envuelto desde su comienzo en una polémica en la que se mezclan asuntos muy diversos. Los ingredientes con los que se ha cocinado el plato son tan variopintos que sería difícil referirme a ellos con detalle, pero para que te hagas una idea este sería un breve resumen:

• Empresa relacionada con la trama Púnica crea una cooperativa para hacer un colegio y obtiene del gobierno del PP-PAR de Aragón el compromiso de que será concertado para el curso 2015-16. Comienzan las obras en marzo de 2015 con intención de tener una fase finalizada en septiembre al comienzo de curso.
• En esas fechas, Educación paraliza la construcción prevista del nuevo colegio público de Cuarte, necesario por el número de alumnos en edad de escolarizar.
• PP-PAR pierden las elecciones y el nuevo gobierno del PSOE entiende que no se tramitó correctamente la concertación del colegio y que, además, no está terminado en la fecha prevista, por lo que deniega su apertura y, por lo tanto, su calificación de concertado, y redistribuye a los alumnos en otros colegios.
• La cooperativa del colegio, que ya tenía más de 150 alumnos matriculados, recurre la decisión del Gobierno de Aragón al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y la gana, lo que le permite abrir. Recurre también el concierto ante ese mismo tribunal y vuelve a ganarlo, con lo que ya es concertado.

De cajón

Ayer aparecía la noticia de que varios municipios de Madrid, de la zona de Brunete concretamente, se han unido para formar una especie de macromunicipio que comparte servicios, instalaciones, contratas, etc. y, de esa forma, los vecinos se ahorran unas perrillas. La noticia no es tanto el hecho en sí, si no que los ayuntamientos estén gobernados por partidos diferentes. O sea, que lo chocante es que se hayan podido poner de acuerdo entre ellos. Alucinante.